Sobrepeso y obesidad crean ya tantos problemas como el hambre
Tres millones de personas mueren al año por malos hábitos alimentarios
La ONU culpa a la industria y los Gobiernos y pide gravar la comida basura
Lucía Abellán
Bruselas
6 MAR 2012 - 00:18 CET61
Los Gobiernos subvencionan alimentos poco saludables. / FINIBARR O'REILLY (REUTERS)
“El sistema es una receta para vidas poco sanas”, concluye el documento, que culpa por igual a la industria alimentaria y a los Gobiernos de estos excesos. A las empresas les reprocha que hayan reorientado su valor añadido hacia la creación de alimentos ricos en grasas, sal y azúcar. De esta forma, han quebrado la base tradicional de la alimentación local, lo que, a menudo, impide garantizar salarios dignos a los agricultores.
Para los Gobiernos, las quejas son aun mayores: “Los Estados están desatendiendo la responsabilidad que tienen de garantizar el derecho a una alimentación adecuada en el marco de las leyes internacionales de derechos humanos”. En concreto, el informe considera negativas las subvenciones agrícolas sobre determinadas materias primas (por ejemplo, el maíz y la soja) que sirven como base para esos alimentos poco saludables y deplora la falta de límites al mercado publicitario, que hace muy atractivas estas dietas para los niños.
El análisis viene precedido de un rosario de cifras que contextualizan el problema. Tras constatar que una de cada siete personas pasa hambre en el mundo, el autor —relator especial de la ONU para la alimentación, Olivier de Schutter— añade que, pese a todo, el 65% de la población vive hoy en países donde la obesidad “mata a más personas que la falta de peso”. Porque las consecuencias derivadas de esta alimentación deficiente han dejado de ser un problema exclusivo de los países ricos para extenderse con rapidez a los países en vías de desarrollo.
Para alertar sobre la importancia de este fenómeno, el relator apela a la perspectiva económica: un aumento del 10% en las enfermedades ligadas a las dietas poco saludables detraen un 0,5% del producto interior bruto (PIB) mundial, especialmente por los mayores costes exigidos a los sistemas sanitarios.
El informe analiza con una perspectiva muy crítica lo que en las últimas décadas se ha considerado un éxito de las políticas agrarias. La producción ha aumentado mucho en los últimos años y eso ha permitido que la población de países en vías de desarrollo eleve la cantidad de calorías que ingiere al día. Pero ese aporte energético ha procedido sobre todo de nutrientes como la carne, el azúcar y el aceite en lugar de provenir de otras sustancias más aconsejables como las legumbres, la fruta y las verduras. Y esto ha dilapidado algunos sistemas de producción local que no han podido competir con los enormes subsidios que reciben las materias primas menos saludables.
Expuesto el problema, el autor se lanza a proponer varias soluciones, aunque es consciente de que harán falta muchos esfuerzos para que Gobiernos y grandes empresas sitúen esas recomendaciones entre sus prioridades. En primer lugar, De Schutter considera “mal orientadas” las subvenciones agrícolas porque incentivan dietas ricas en alimentos muy elaborados.
Además, subraya la importancia de adaptar a las legislaciones nacionales las recomendaciones sobre la comercialización de leches que sustituyen a la materna, de forma que quede clara la ventaja de la lactancia natural. Eso implica que las empresas “se abstengan de promocionar esas leches de sustitución”.
También anima el texto a ser más beligerantes con la exposición de los niños a la publicidad sobre refrescos y bebidas azucaradas. Más allá de incidir en los anuncios, la ONU apuesta por gravar su consumo y utilizar los recursos que se obtengan para promover el acceso a frutas y verduras y concienciar sobre los beneficios de consumirlas.
En el ámbito de la producción, las recomendaciones se centran en mejorar el apoyo a los agricultores a través de incentivos fiscales y “asegurar una infraestructura adecuada que conecte a los productores locales con los consumidores urbanos”. En ese terreno, el documento insta a las compañías a garantizar “que los trabajadores reciben salarios dignos y que los productores perciben precios justos por sus productos”. De esa forma se preservan las cadenas alimentarias locales.
Con las conclusiones de este trabajo, el relator especial para la alimentación pretende dirigirse, entre otras, a las autoridades europeas para que las tengan en cuenta en la próxima reforma de la política agraria común. De Schutter valora los cambios de este proyecto, pero lamenta que aún no recoja la perspectiva de las disfunciones alimentarias.
